Razones y motivos
*Textos obtenidos del dictamen parlamentario.
La transición energética atiende a la necesidad de establecer acciones climáticas para mitigar el calentamiento global y la visión estratégica global de utilizar fuentes de energía renovables y limpias sustituyendo a las fuentes convencionales o fósiles.
Más allá de sustituir solo las fuentes convencionales o fósiles de energía por fuentes renovables o limpias, este concepto comprende también la diversificación de la matriz energética, la eficiencia energética, así como el ahorro y aprovechamiento sustentable de la energía.
A nivel internacional, México forma parte del Acuerdo de París (2015) cuyo propósito es limitar el incremento de la temperatura promedio global por debajo de los 2º C antes del año 2100 e inclusive hacer esfuerzos para limitar un incremento de 1. 5º C en relación con el nivel que se tenía antes de la época preindustrial.
Nuestro país es responsable de 1.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero totales del planeta, saliendo del grupo de los diez principales emisores de CO2; donde se ubican, China (26%), Estados Unidos (13%), la Unión Europea (más del 8%), India (7%), la Federación Rusa (5%) y Japón (casi 3%), que juntos representan el 62% a nivel mundial. La Ley de Transición Energética regula el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.
En esa ley se fijó como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica de 25% para el año 2018, 30% para 2021 y 35% para 2024. No obstante, no se cumplió con la meta establecida de 25% de la generación con fuentes renovables para 2018. Por el contrario, la matriz energética en 2021 se integró por 30.12% con fuentes limpias y 69.88% con fuentes de energías convencionales o fósiles.
La CFE mantiene su compromiso frente al cambio climático: en los últimos años aumentó la generación con energías limpias en 11%, redujo la generación en centrales carboeléctricas y disminuyó el uso de combustóleo a 2.8% de la capacidad total en el Sistema Eléctrico Nacional.
El Plan Sonora, contempla la construcción de la Central Fotovoltaica más grande de Latinoamérica y la séptima más grande a nivel mundial en Puerto Peñasco en Sonora, equivalente a 120 MW de capacidad instalada más 12 MW en baterías como respaldo; se estima que el proyecto en su totalidad aportará 1 mil MW de energía renovable. Con este Proyecto se estima una reducción de emisiones de 10.67 millones de toneladas de CO2e a través de la CFE y el sector privado contribuirá con 690 mil toneladas CO2e.
El Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, ha asignado recursos por 2 mil 290 millones de pesos a 21 proyectos destinaron a la generación de energía basada en fuentes limpias y a la eficiencia energética. Con el Programa de Apoyo a la Generación Distribuida se han financiado 664 proyectos de sistemas fotovoltaicos domésticos equivalentes a 4.22 Gigawatts/hora al año (GWh/año) y 133 proyectos para el sector empresarial equivalentes a 16.15 GWh/año que en su conjunto evitan la emisión de 9,225 toneladas de CO2e.
El Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial, mejor conocido como Eco-Crédito Empresarial, ha apoyado a 6,392 MIPYMES para la adquisición o sustitución de 7,168 equipos y sistemas de generación fotovoltaica, lo que representa un ahorro en consumo de energía eléctrica de 81.72 GWh/año, un ahorro en demanda de 45.4 MW y un beneficio ambiental por evitar la emisión de poco más de 40 mil toneladas de CO2e.
Mediante los mecanismos para promover la eficiencia energética se tiene estimada una mitigación de 27 millones de toneladas de CO2e para el año 2030.
La electromovilidad para el transporte particular y público es una alternativa tangible para contribuir a la reducción de emisiones de GEI derivado de uno de los sectores más contaminantes. En 2023 el gobierno federal publicó la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, cuyo objetivo es crear las condiciones técnicas, tecnológicas, financieras, legales, institucionales, administrativas e incentivadoras necesarias para lograr una transición ordenada y equitativa hacia esquemas de movilidad sostenible y reducir el uso de combustibles fósiles.
La Ley de Planeación y Transición Energética
En materia de planeación para el Sector Energético, establece la Estrategia Nacional de Transición Energética, como el instrumento rector de la política energética de largo plazo que contiene las metas de energías renovables, energías limpias, eficiencia energética, reducción de la pobreza energética, electrificación de los usos finales de la energía y reducción de emisiones contaminantes que deben reflejar las aportaciones del sector energético a los compromisos en materia de cambio climático de México.
Esto permitirá por primera vez una planeación integral con una visión amplia y socialmente incluyente, dado que nunca se habían propuesto, desde el Sector Energético, metas en estos diferentes rubros. Anteriormente se tenía una planeación incompleta que únicamente se enfocaba en los beneficios para unos cuantos y no consideraba la reducción de la Pobreza Energética y la reducción de Emisiones Contaminantes, que son factores que afectan directamente a los segmentos de la población menos favorecida.
Si bien la Estrategia se debe publicar dentro del primer año de la administración presidencial, la ley propuesta considera un mecanismo de actualización cada tres años para mantener la coherencia y la integralidad de los Planes de Desarrollo del Sector Eléctrico y del Sector Hidrocarburos.
Los planes específicos que se incluyen son: el Plan para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, orientado a promover la transición hacia energías limpias y el uso sustentable de la energía; el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, enfocado en el desarrollo y la mejora continua del sistema eléctrico nacional, y el Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos, dirigido al sector de hidrocarburos.
A diferencia de lo que venía ocurriendo, dichos planes ya no se quedarán en meros ejercicios teóricos dado que la ley otorga a la planeación del sector energético un carácter vinculante que tendrá que debe ser considerado en la emisión de los permisos de las actividades reguladas del sector, esto permitirá acelerar el desarrollo de proyectos que beneficien al desarrollo del país ya sean de las empresas públicas del Estado o directamente desarrollados por particulares, pero siempre tendiendo al desarrollo ordenado del país.
La ley crea el Consejo de Planeación Energética como el órgano supremo de coordinación para asegurar una planeación coordinada e impulsar la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía, lo anterior, con la responsabilidad de coordinar, opinar, proponer adecuaciones y vigilar la ejecución de los instrumentos de planeación.
Se incluye la creación del Consejo de Planeación Energética , el cual será el órgano de coordinación y seguimiento de la planeación energética nacional, lo cual dará certeza a la planeación vinculante que será atribución de la SENER. Podrán haber invitados, con voz pero sin voto, tales como autoridades, personas y organizaciones relacionadas con la Transición Energética, incluyendo al Congreso de la Unión.
El Sistema Nacional de Información Energética integrará la información de las dependencias, entidades y empresas privadas del Sector Energético bajo un sistema único permitirá un mejor uso de ésta evitando duplicidades como ocurría con los sistemas de información de la CNH y la CRE que operaban de forma descoordinada.
Reconoce el concepto de Justicia Energética y establece los mecanismos para la obtención de recursos para reducir la pobreza energética, las desigualdades sociales y de género en el acceso a la energía, así como para fomentar el desarrollo regional y la participación de los pueblos originarios en proyectos energéticos
Los Fondos para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y el del Servicio Universal Energético permitirán la asignación de recursos específicos para garantizar la cobertura eléctrica en comunidades sin acceso, así como atender necesidades básicas como el calentamiento de agua, la cocción y conservación de alimentos, la iluminación y el confort térmico en sectores vulnerables.
Las leyes en esta área son esenciales para garantizar la seguridad y estabilidad en los países. Al tener una planificación adecuada, se pueden diversificar las fuentes de energía, reduciendo la dependencia de fuentes fósiles no renovables como el petróleo y el gas. Esta diversificación contribuye a fortalecer la seguridad energética, pues disminuye la vulnerabilidad frente a fluctuaciones en los precios internacionales o interrupciones en el suministro.


